El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha vuelto a abrir el proceso para la retirada por parte de la familia Franco de los bienes no disputados del Pazo de Meirás. 

Un decreto con fecha 26 de septiembre, estima de forma parcial los recursos de la Abogacía del Estado, la Xunta, la Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña y da a las partes veinte días para que indiquen el tiempo que consideran necesario para que los Franco retiren los bienes que no son objeto de controversia, así como para que designen a las personas que participarán en el proceso.

Autorización de la Xunta para los bienes inmuebles

El decreto indica que respecto al traslado de bienes de interés cultural (BIC) para llevarlo a efecto se requerirá la preceptiva autorización de la Xunta de Galicia. "Respecto a los bienes de intereses cultural será necesario contar con la preceptiva autorización de la Xunta de Galicia para su traslado", recoge el decreto, en relación a los declarados como Bien de Interés Cultural (BIC) como el caso de las esculturas del Maestro Mateo y la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán.

Esto abre la vía reclamada ya por todas las administraciones -excepto la Xunta, que es la que tiene competencias- de declarar el conjunto de elementos como bienes de interés cultural, pues si bien no variaría su propiedad, limitaría su traslado.

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La ejecución de este decreto también servirá para poner fin a la actual situación de depósito judicial de numerosos bienes, cuya custodia corresponde al Estado, y para ella se utilizará el inventario realizado en 2020, antes de la ejecución de la sentencia original, si bien la Abogacía pedía realizar otro.

Un fallo judicial previo ya consideró que cerca de medio centenar de bienes estaban unidos al inmueble, cuya titularidad ahora es del Estado, por lo que también es propietario de los bienes y, por tanto, no entran en esta posible retirada.

564 bienes, propiedad del Estado 

Tampoco entrarían en esta cuestión los 564 bienes que reclamó judicialmente la Abogacía General del Estado la semana pasada, pues existen medidas cautelares respecto a ellos. Con ello, han hecho referencia a la demanda presentada contra la familia Franco en la que la Abogacía del Estado reclama la propiedad de 564 bienes del Pazo de Meirás y pide como medida cautelar que no se permita quitarlos del inmueble hasta aclarar su propiedad.

La Abogacía del Estado la presentó después de que los Franco solicitasen antes al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña retirar todos los bienes depositados en el inmueble que no fueron reclamados por la Administración central en su momento.

Los elementos ahora objeto de la demanda del Estado son bienes muebles o documentos y legajos que pueden agruparse en tres categorías: bienes de Patrimonio Nacional; bienes del Patrimonio Documental Español y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado.